«Estoy acosada»: Ordenan embargar por $ 5 millones a la pyme láctea que fue bloqueada por el sindicato.

Lo dictaminó el Juzgado Nacional de Primera instancia del Trabajo Número 69 a Lácteos Vidal por el despido de 29 trabajadores.

Siguen los problemas judiciales para Lácteos Vidal tras despedir a 29 empleados pertenecientes al sindicato de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) que habían bloqueado la fábrica por más de un mes.

El Juzgado Nacional de 1ra instancia del Trabajo Número 69, acargo del juez juez Ignacio Ramonet, ordenó el embargo por el monto de $ 5.044.000 contra Lácteos Vital. Esto sería el total hasta el momento de los 10.000 pesos por día que debe abonar por empleado que no reincorpora que se había ordenado en otro fallo previo.

«No sé cómo voy a hacer para pagar los sueldos de los trabajadores y los impuestos. No tengo plata en otra cuenta para pagar», sostuvo a Clarín Rural Alejandra Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal.

Además, rechazó el pedido de la pyme de Carlos Casares de que se sustituya el embargo por otra medida porque según el fallo, «no demuestra voluntad de cumplir con el pago». Según comentó Vada Vázquez, desde la pyme habían ofrecido un camión con acoplado en vez del embargo de la cuenta.

Ahora, los abogados de la empresa estudian los pasos a seguir tras este nuevo fallo en contra.

«El juez Ramonet insiste en violar mi derecho de propiedad privada. No me autorizó la sustitución del embargo. No respetan la libre contratación, me quiere obligar a reinstalar gente que ya despedí. Estoy acosada», disparó.

«Para qué tener una empresa en Argentina si en la realidad no sos el dueño, si no podés tomar decisiones, si no podés trabajar con quien querés», se preguntó analizando la situación la dueña de la pyme.

Cabe recordar que Lácteos Vidal había tenido dos fallos en contra que ya fueron apelados: obligaba a la empresa a reincorporar a 29 trabajadores despedidos y a que defina una entidad bancaria para que efectivice las astreintes (sanción por demorar el cumplimiento de la orden judicial) que van en torno a los $ 10.000 por día por cada uno de los despedidos desde el 18 de mayo.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *