La alianza del kirchnerismo y la izquierda en Jujuy fue un ensayo para tiempos de posible oposición.

Los incidentes en Jujuy quedaron hilvanados con las elecciones PASO en Chaco, atravesadas por la desaparición y muerte de la joven Cecilia Strzyzowski.

Circunscribir los gravísimos episodios de este martes en Jujuy a un conflicto provincial no solo sería minimizar su interpretación política. Podrían soslayarse otro par de cosas: el oscuro callejón que empieza a recorrer el proceso electoral en plena campaña; la incertidumbre que se agiganta para el futuro de la Argentina más allá del gobierno que pueda resultar consagrado en diciembre. Las declaraciones de buena voluntad y las apuestas a los milagros de resurrección nacional se deshacen ante la realidad dramática.

Los incidentes en Jujuy quedaron hilvanados con las elecciones PASO en Chaco, atravesadas por la desaparición y muerte de la joven Cecilia Strzyzowski, nuera del capo de a una organización piquetera (Emerenciano Sena) funcional al gobernador K, Jorge Capitanich. En ambos sucesos se han manifestado formas de violencia y planificaciones que apuntan contra la estabilidad del sistema democrático. En un contexto de crisis económica casi terminal.

Las señales de alerta se manifiestan hace tiempo. Los paréntesis entre cada episodio suelen hacer perder el hilo conductor y la noción de emergencia. Cristina Fernández tuvo razón cuando habló sobre los riesgos de la ruptura del pacto democrático luego del intento de magnicidio que sufrió en septiembre de 2022. Los tres responsables están presos y serán sometidos a juicio oral. Habría que recordar que antes de eso (diciembre de 2021), la legislatura y la gobernación de Chubut habían sido atacados en rechazo a una ley a favor de la explotación minera. Otro síntoma de descomposición que tampoco debe olvidarse.

El problema radica en la vara diferente que la vicepresidenta, el kirchnerismo y muchos de sus socios utilizan para valorar cada uno de los episodios que ocurren. Salvo una declaración general de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, y opiniones inentendibles de la ministra de la Mujer, Ayelén Mazzina, el oficialismo ignoró la tragedia de la joven vinculada en Chaco a la organización piquetera. El único gesto visible en aquel universo fue despegarse de Capitanich luego de la derrota que sufrió en las PASO frente a la oposición. Aunque individualmente, en un marco de bajísima participación, resultó el candidato con más sufragios.

A partir de los incidentes en Jujuy, toda la plana kirchnerista salió a confrontar en público. Cristina y Alberto Fernández tuvieron un intercambio directo con el gobernador Gerardo Morales. Hágase responsable, le dijeron, como si a la frustrada pareja del Poder Ejecutivo le sobrara autoridad para semejante reclamo. Nunca se hicieron responsables de nada. Ni durante la pandemia ni por la pobreza ni, ahora mismo, por el escándalo en Chaco.

La vanguardia se amplió merced al oportunismo del pre-candidato Eduardo De Pedro. El ministro del Interior, que ruega no hacer campaña con cuestiones desgraciadas, atribuyó los incidentes en Jujuy, al “modelo con represión al que nos quiere llevar Juntos por el Cambio”. La mayor sorpresa fue la irrupción de la titular de AySA, Malena Galmarini. Instó a Morales a poner fin a la represión. Tal vez le hizo un favor a su marido, el ministro de Economía. Sergio Massa está en una carrera contra reloj por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Es además un viejo amigo de Morales. No se conocen sus antecedentes aún sobre tales fidelidades, salvo que provengan del sector empresario.

Los incidentes en Jujuy sirvieron para reponer una vieja fotografía que explica el esquema estratégico de alianzas al que acude el kirchnerismo cuando se siente en estado de debilidad.

Entre las imágenes de las últimas horas en la provincia del norte y aquellas de la Plaza de los Dos Congresos, en diciembre del 2017, cuando el macrismo buscaba modificar la ecuación de tributo jubilatorio, fue fácil descubrir una familiariedad. La violencia, las piedras, los encapuchados, las mochilas cargadas, la confrontación con la Policía, la idea de atacar los edificios institucionales con bombas molotov, formaron parte de la coreografía delirante. Por detrás, estuvo la alianza implícita entre el kirchnerismo y los grupos de la izquierda.

El Frente de Izquierda (FIT) resultó uno de los motores de las protestas en Jujuy. También, núcleos residuales de la organización piquetera Tupac Amaru. Cuya líder, Milagro Sala, cumple una condena domiciliaria de 13 años, confirmada por la Corte Suprema.

El detonante de los incidentes resultó la aprobación de la reforma constitucional provincial, cuya necesidad fue votada con casi el 50% cuando en mayo pasado Carlos Sadir, ministro de Hacienda en Jujuy, ganó la gobernación para reemplazar desde diciembre a Morales. Ese texto tuvo artículos objetados. Dos ligados a los pueblos aborígenes, fueron dados de baja en las últimas horas. Otro par, sancionado por los constituyentes, apunta a garantizar el derecho a las protestas pero prohíbe el corte de rutas y de calles. “Criminalización”, denuncia la izquierda y el kirchnerismo.

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