Dos expertos del sector de diferentes ámbitos, que visitaron el país recientemente, alertan sobre la inequidad en el acceso a los servicios sanitarios, piden que los gobiernos gasten mejor los recursos del área y dan su visión sobre el sistema de copagos
La crisis económica argentina agrava una situación que, con distintos grados de profundidad, afecta a todo el mundo: con una población más longeva, incorporación incesante de nuevas tecnologías médicas y ciertas enfermedades en aumento, el financiamiento de los sistemas de salud es cada vez más costoso. Dos expertos internacionales, Jarbas Barbosa da Silva Jr., director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y Rolf Hoenger, director para América latina de Roche Pharma, dan su visión ante la consulta de La Nación.
Jarbas Barbosa da Silva Jr., director de la OPS
“En América latina y el Caribe se ve una segmentación del acceso de la población a la salud, generalmente por factores socioeconómicos”, dice este doctor en Medicina y exfuncionario brasileño. En otras palabras, los pobres están quedando fuera del sistema.
¿Se corre el riesgo hoy de que el hospital público quede solo para los pobres?
–Hay sistemas muy distintos en la región. En muchos países son sistemas públicos, que tienen una cobertura de 60, 70 por ciento de la población; en otros, de 30, 40 por ciento; en otros hay combinaciones del sector público con el de la seguridad social y el sector privado. No estamos hablando de hospitales o de centros estatales, sino de gasto público y en cada país se hace de una manera distinta. En algunos, el Estado tiene la posibilidad de contratar hospitales privados. Consideramos gasto público a aquel que hace el Estado para asegurar el acceso universal a la salud. Es decir, independientemente de las condiciones de aseguramiento de la persona, que pueda acceder a los servicios de salud.
–¿Hay algún país modelo en este sentido?
–No nos gusta hablar de modelos. Cada país tiene sus leyes, su propia cultura. Los hay con Estados centrales, otros federales; así que no hay un modelo. Lo que planteamos es que estudios importantes de economistas en salud, basados en la experiencia de los países europeos que aseguran salud universal, como Reino Unido o Francia, señalan que cuando el gasto público para la salud está al menos en alrededor del 6% del PBI se tienen las condiciones financieras para garantizar salud universal. Y, de este 6%, el 30% se destina a la atención primaria de la salud, que es la que está más cerca de la comunidad, y a asegurar el acceso de las personas.
–Además del acceso a los servicios está el acceso a los medicamentos. En la Argentina, en los casos de alto costo, muchas veces se recurre a la Justicia. ¿Pasa en el resto de la región?
–El acceso a la salud universal comprende el acceso a los medicamentos porque en la región es grande la cantidad de personas que necesitan pagar de su bolsillo por los medicamentos. Para los más pobres, es parte importante del gasto de una familia, principalmente si es por una enfermedad crónica como diabetes o cáncer. Tenemos que garantizar el acceso a los medicamentos. El mecanismo de cómo hacerlo es una decisión de cada Estado. La judicialización es un fenómeno creciente y puede ser un problema porque genera más inequidad en el acceso a la salud.Tenemos que mejorar los mecanismos de evaluación e incorporación de tecnología para que se sumen los medicamentos que traigan más beneficios a los pacientes y, al mismo tiempo, que tengan un costo aceptable para los sistemas de salud. Muchas veces los jueces no tienen la información necesaria; garantizan derechos pero hay otras decisiones que tomar. Los ministerios de Salud tienen que fortalecer la capacidad de brindar información a los jueces, por una parte y, por otra, tener en los procesos de incorporación de medicamentos una evaluación de costo, efectividad y sustentabilidad en los presupuestos de salud.
–¿Ir hacia un régimen de copagos es inevitable?
–Son tendencias y hay modelos distintos. Hay países que conviven con el copago, como en Europa, pero cuando hablamos de América latina es distinto. Hablar de copago en sociedades que tienen casi empleo pleno, en las que la economía es formal, es una cosa; comparar con América latina, donde el 50% de la economía es informal, es completamente otra. Es una decisión de cada país que nosotros respetamos, pero no recomendamos. Hoy no hay en la región un movimiento hacia el copago. Tenemos en Estados Unidos y en estados de Canadá, pero también ahí es otra realidad. Hay otros mecanismos que se pueden utilizar para tener una demanda mejor organizada, por ejemplo, fortalecer la atención primaria, fortalecer los mecanismos de triaje y utilizar la transformación digital sin imponer un costo adicional a las personas. Se puede organizar mejor la demanda y evitar que casos que no son graves ocupen mucho tiempo de los servicios sanitarios.
