A partir de declaraciones testimoniales y de datos de rastreo satelital vehicular, la Justicia tendría acreditados los viajes del coche utilizado para entregar los paquetes con el dinero en efectivo.
Se llama Rolando, pero en Securitas lo conocían como Chucky. Trabajaba como chofer y conducía uno de los autos blindados de la empresa de seguridad, un Volkswagen. Hizo numerosos viajes en los que sus pasajeros llevaban bolsos, bolsas, mochilas y sobres de papel madera que guardaban billetes, muchos billetes. Era el dinero que la compañía destinaba al pago de coimas a representantes de organismos públicos para no perder contratos, obtener facilidades o cobrar servicios adeudados.
Chucky hizo numerosos viajes a un edificio situado Corrientes al 700, a tres cuadras del Obelisco, donde una asistente de un exdirector de Securitas se bajaba del auto blindado y se subía a otro vehículo para dejar los bolsos con la plata de los sobornos.
También conoció a “Zapatitos”, un hombre de unos 50 años que se subía al auto blindado, siempre en la esquina de avenida del Libertador y Juramento o en Cabildo y Juramento, en Belgrano, y recibía de parte de una asistente de un exdirectivo de la compañía una bolsa o sobre de papel madera “grande” y después se retiraba. Los encuentros siempre eran a las 11.
El auto blindado también estuvo en San Isidro, en la casa de una exdirectora del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), donde también se habrían hecho “pagos indebidos”, tal como representantes de Securitas calificaron los sobornos ante la Justicia.
Chucky no era el único chofer. Otros colegas suyos también fueron testigos de los viajes en los que se llevaban bolsos, mochilas y sobres de papel madera con dinero.
Así surge de la resolución de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado en la que procesó a 19 sospechosos por asociación ilícita, cohecho activo y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otros delitos. La mayoría de los acusados son exdirectivos de Securitas, pero también hay un subcomisario de la policía bonaerense, un integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) y dos gerentes de Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa).
