La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio dijo que si gana violaría los derechos y garantías constitucionales, algo que ya hicieron durante la administración macrista.
La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, propuso modificar el Código Penal para que puedan grabarse las conversaciones de las personas privadas de la libertad, incluso las que mantengan con sus abogados defensores, lo que generó el rechazo de distintos dirigentes, ya que se trata de una propuesta que va en contra de derechos consagrados por la Constitución Nacional.
En una entrevista al canal Neura Media publicada el lunes, la exministra de Seguridad de Mauricio Macri propuso grabar las conversaciones de las personas presas, incluso cuando estén conversando con sus abogados defensores, y aseguró que impulsaría «poner en el Código Penal» esa iniciativa. «Lo puedo grabar, tenerlo como elemento de prueba. Puedo no escucharlo y tenerlo como un sistema de protección a esa comunicación», manifestó.
Ante esto, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cuestionó la propuesta a través de la red social X (antes Twitter). «Imaginate lo que serían los planes de seguridad de una persona que desconoce el ABC del derecho constitucional», sostuvo.
Por su parte, la abogada y candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires de Unión por la Patria (UxP), Graciana Peñafort, remarcó que la Corte Suprema en la acordada 17/2019 establece la confidencialidad absoluta de las comunicaciones entre abogado y cliente como parte de la garantía constitucional de la defensa en juicio.
«Barbaridades que se dicen cuando sos burra con ganas. Y lo que desconocés es la Constitución del país que pretendés gobernar», remarcó la letrada, y añadió que igualmente ya «lo hicieron» durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri cuando se escucharon «charlas protegidas constitucionalmente entre detenidos y sus abogados»; se filmaron «reuniones como la de la ‘Gestapo PRO'» y se espiaron «a propios y ajenos», y sostuvo que «todo ello fuera de la ley».
«Y no Patricia, NO PODÉS grabar esa charla, porque esta protegida por la constitución y hace al derecho de defensa que es una garantía del Estado constitucional de Derecho. Articulo 18 CN. Y menos aun escucharlo y menos que menos usar como prueba esa charla», detalló.
Además, Gregorio Dalbon, abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner sostuvo que Bullrich «no puede ser más bruta» y señaló que «las conversaciones entre abogados y clientes son secretas».
«Vaya a estudiar. Deje de dar lastima. VERGÜENZA TOTAL. Ahí demuestra lo que hicieron en el gobierno de la Alianza», aseveró.
A través de sus redes sociales, Dalbon llamó a todos los Colegios de Abogados y colegas a «repudiar la nefasta» propuesta y manifestarse ante las «amenazas al sistema democrático por parte de la candidata».
Por su parte, el candidato a diputado bonaerense por LLA, Agustín Romo, sostuvo que Bullrich «no tiene ni idea de absolutamente ningún tema ni de seguridad, donde supuestamente es experta» y recalcó que es una «vergüenza».
En tanto, el postulante a vicegobernador de LLA, Francisco Oneto, recordó también la Acordada 17/2019 de la Corte que indica que «la interceptación de las comunicaciones entre un imputado y su abogado defensor constituye una grave violación a la garantía constitucional de defensa en juicio», la llamó «Patricia Burrich» y sostuvo que «la única garantía que conoce es la de la heladera».
Un modus operandi de Juntos por el Cambio
La propuesta de Bullrich no es nueva. El espionaje ilegal fue una de las prácticas habituales a las que apeló el gobierno macrista, apoyadas en las tareas ordenados por la Mesa Judicial, que comandó durante esos tiempos el prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.
Las escuchas ilegales se dirigieron a políticos y empresarios opositores. Uno de los afectados fue el empresario Fabián De Sousa, accionista del Grupo Indalo, al punto de que se interceptaban comunicaciones con sus abogados cuando estaba detenido.
“Se grabaron las conversaciones que mantuve con mis abogados. Lo grave de esto es que fueron realizadas por la AFI, puntualmente por el área jurídica que dependía de la presidencia de la Nación”, declaró De Sousa tras recuperar la libertad.
La Agencia Federal de Investigaciones que conducía Gustavo Arribas, íntimo amigo de Macri, estaba involucrada, ya que las desgrabaciones eran utilizadas en procesos penales y comerciales.
Esas escuchas ilegales fueron aportadas a la Justicia por la entonces diputada Carrió, socia fundadora de la alianza Cambiemos.
También los familiares de las víctimas de la tragedia del submarino ARA San Juan sufrieron escuchas ilegales y seguimientos por parte de la AFI, quienes fueron fotografiados en varias ocasiones por agentes del organismo.
